Según un comunicado hecho público hoy, los teatros municipales de Son Servera, Santanyí, Santa Margalida, Vilafranca, sa Pobla, Muro, Capdepera, Calvià, Artà y Alcúdia no programarán ningún espectáculo o compañía a través del CAEM (Circuit d'Arts Escéniques de Mallorca) a partir del próximo mes de septiembre, si no son atendidas sus demandas de cambios y democratización en el funcionamiento del circuito. Eso supondría que los teatros municipales tendrían que programar la temporada con espectáculos fuera del circuito mallorquín.

Manacor ya había tomado esta decisión anteriormente, y los programadores de los diez teatros mencionados, reunidos en Palma a finales de junio, decidieron añadirse con el visto y bueno de los políticos correspondientes. La decisión se tomó a raíz de la revocación por parte de la Junta Directiva del CAEM de los acuerdos tomados por la Asamblea y que provocó la dimisión de uno de los representantes de los teatros. Los acuerdos de esta reunión se remitieron al presidente de la Fundació Teatre Principal de Palma y a su director, exigiendo, entre otras cosas: la presencia mayoritaria de los teatros en la Junta Directiva, la no limitación del número de espectáculos incluidos en el circuito, el impulso en las Ferias y Festivales, etc.

Según explica el comunicado, el Circuito de Artes Escénicas es el instrumento de coordinación y colaboración entre, de una parte la Fundació Teatre Principal de Palma y la Fundación Sa Nostra y, de la otra, los municipios o entidades que se integren en ella; en el CAEM se pueden inscribir los espectáculos de compañías teatrales mallorquinas y el objetivo es su programación y distribución.

Los programadores municipales denuncian que el circuito está anquilosadodebido a una composición anómala en la que las compañías y asociaciones de actores y actrices tienen una mayoría que no permite introducir ningún cambio en la dinámica teatral. Esta composición y presencia es única en todo el estado español. Los municipios son los que hacen las aportaciones económicas más importantes, según afirman, si se tiene en cuenta la aportación directa del caché de las compañías, los gastos para el mantenimiento de las infraestructuras y la aportación de recursos humanos. Los responsables políticos y técnicos de estos ayuntamientos consideran que ya que los ayuntamientos son los impulsores económicos mayoritarios tienen que tener poder de decisión en la asamblea. Especifican que en ningún caso es una decisión contra las compañías profesionales que tienen que estar presentes con voz pero sin voto porque ahora se sienten como si éstas fueran las que ponen las condiciones económicas y de programación, y que las decisiones se toman sin tener en cuenta a los teatros. / Redacción